Contra la pena de muerte
Contra la pena de muerte
El 20 de junio de 1867, Víctor Hugo dirigió a Benito Juárez, entonces presidente de México, una carta en la cual abogaba por la vida del emperador Maximiliano en los términos siguientes:
Juárez, usted ha igualado a John Brown.
La América actual tiene dos héroes, John Brown y usted. John Brown por quien la esclavitud ha muerto; usted, por quien la libertad vive.
México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la República, el hombre, es usted.
Escuche, ciudadano presidente de la República Mexicana. Acaba usted de vencer a las monarquías con la democracia. Usted les mostró el poder de ésta; muéstreles ahora su belleza. Después del rayo, muestre la aurora. Al cesarismo que masacra, muéstrele la República que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, muéstreles el pueblo que reina y se modera. A los bárbaros, muéstreles la civilización. A los déspotas, los principios.
Dé a los reyes, frente al pueblo, la humillación del deslumbramiento. Acábelos mediante la piedad.
Los principios se afirman, sobre todo, brindando protección a nuestro enemigo. La grandeza de los principios está en ignorar. Los hombres no tienen nombre ante los principios, los hombres son el Hombre. Los principios no conocen sino a sí mismos. En su estupidez augusta no saben sino esto: la vida humana es inviolable.
¡Que el violador de principios sea salvaguardado por un principio! ¡Que tenga esa felicidad y esa vergüenza! Que el violador del derecho sea cobijado por el derecho. Despojándolo de su falsa inviolabilidad, la inviolabilidad real, pondrá usted al desnudo la verdadera, la inviolabilidad humana. Que quede estupefacto al ver que del lado por el cual él es sagrado, es el mismo por el cual no es emperador. Que este príncipe, que no se sabía hombre, aprenda que hay en él una miseria, el príncipe, y una majestad, el hombre.
...
Juárez, haga dar a la civilización ese paso inmenso. Juárez, abolid sobre toda la tierra la pena de muerte.
Por encima de todos los códigos monárquicos de los que caen gotas de sangre, abra la ley de la luz, y, en medio de la página más santa del libro supremo, que se vea el dedo de la República posado sobre esta orden de Dios: No matarás.
Estas dos palabras contienen el deber. Usted cumplirá ese deber.
Maximiliano le deberá la vida a Juárez.
¿Y el castigo?, preguntarán.
El castigo, helo aquí,
Maximiliano vivirá "por la gracia de la República".
Un día antes de que Víctor Hugo suscribiera la carta antes transcrita, Maximiliano fue fusilado, falleciendo el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Por lo tanto, sólo podemos elucidar sobre la decisión que Juárez habría tomado de haber leído tal carta.
Sirva la presente carta como preámbulo para expresar la más amplia oposición a la pena de muerte.
En nuestro país, la gente está preocupada y alarmada por el incremento de la criminalidad, especialmente por lo que hace a la comisión de los delitos de secuestro y homicidio, este último generalmente relacionado con tema de narcotráfico.
El sistema político no ha sabido disminuir la brecha entre los que tienen mucho y los que nada tienen, así como tampoco ha podido garantizar la paz social. No obstante ello, todos los partidos políticos, sus principales líderes y candidatos hablan de la importancia del tema de la seguridad y de las medidas para combatir la crisis económica.
No faltan los partidos políticos, que ante tal crisis de seguridad, proponen la aplicación de la pena de muerte como medida para disminuir los altos índices de criminalidad. De la misma forma, el año pasado, el gobernador del Estado de Coahuila, Humberto Moreira envió al Congreso Federal, una iniciativa de reforma a la Constitución para volver a implementar –ya no sólo en el papel-, la pena de muerte “con el fin de aplicarla en Coahuila a los secuestradores que asesinen a sus víctimas”.
Según, la Encuesta Nacional de Parametría de febrero de 2008, los delitos para los que la población cree que la pena de muerte debe ser aplicada son los secuestros (60%), homicidios (64%) y violaciones (68%).
No sorprende, entonces, que haya políticos que prometan la reinstauración de la pena de muerte, ya que ven en ello la oportunidad electoral de quedar bien con la mayoría de la población.
Por ello quienes estamos en contra de la pena capital manifestamos algunos argumentos en contra de la pena de muerte, ya no desde lo jurídico, religioso o ético, sino desde la efectividad real de esta pena para bajar los índices delictivos, sobre todo en aquellos que agravian más a la sociedad como son el secuestro y el homicidio.
De acuerdo con el Death Penalty Center, la evidencia empírica demuestra que la pena de muerte no intimida a los criminales. Si así fuera, en los lugares donde existe, habría menos delitos que en los sitios donde está prohibida. De hecho, ocurre lo contrario.
En suma, la evidencia de distintos países demuestra la ineficacia de la pena de muerte: no sirve como elemento disuasivo para los criminales potenciales. En Estados Unidos de América, se han documentado 23 casos de gente inocente que fue ejecutada por error desde los noventa. ¿Se imaginan en México, tal como está nuestro sistema de justicia, a cuántas personas se condenaría injustamente?
Otro argumento en contra de la pena de muerte es la discriminación que genera, en Estados Unidos de América se condena a pena de muerte principalmente a los individuos de raza negra o latina, asimismo, las ejecuciones de criminales no son la solución a los delitos graves. La Ley del Talión en pleno siglo XXI no es la opción más acertada para erradicar la inseguridad.
Me parece que para combatir la inseguridad se debe iniciar por erradicar las causas que la generan, siendo estas, la desigualdad social, la falta de una educación de calidad, la falta de empleos con salarios justos. Además, no es el incremento de la pena lo que puede disuadir a un individuo de cometer un delito, sino la certeza de que la pena, sea cual sea, invariablemente se aplique.
Por ello, me resulta particularmente interesante la teoría garantista del Derecho Penal de Luigi Ferrajoli, en el sentido de que la pena máxima debería ser de 10 años de prisión, pero debería aplicarse siempre.
